Denuncian presuntas irregularidades en la venta de un lote de la SAE en Sabaneta por $51.510 millones
La Red de Veedurías de Colombia solicitó a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia investigar la enajenación de un predio que hoy funciona como escenario musical. La organización cuestiona que el inmueble se vendiera por debajo del avalúo de la Sociedad de Activos Especiales.
Un millonario predio ubicado en Sabaneta, Antioquia, que actualmente funciona como escenario musical, se encuentra en el centro de una controversia por presuntas irregularidades en su venta por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La Red de Veedurías de Colombia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia para que se investigue la operación y se establezca si hubo detrimento patrimonial para el Estado.
De acuerdo con la denuncia, el inmueble fue vendido en julio de 2025 por $51.510 millones, una cifra que representa un 19,8 % menos que el avalúo realizado por la propia SAE, que ascendía a $64.249 millones.
Uno de los puntos más cuestionados es que el comprador habría sido el mismo arrendatario que tenía un contrato de largo plazo sobre el predio. Dicho acuerdo contemplaba inversiones por $85.801 millones que, según las condiciones contractuales citadas en la denuncia, debían revertir al Estado al finalizar el contrato.
Por esta razón, la veeduría solicitó que se realice un cálculo pericial para determinar cuánto dinero habría dejado de recibir el Estado como consecuencia de la operación.
A la controversia se suma que la Contraloría General de la República anunció que resolvería antes del 20 de noviembre una denuncia relacionada con el mismo inmueble, apoyada en un avalúo retrospectivo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
Cuestionamientos por posibles influencias indebidas
La denuncia también pide verificar si existieron posibles influencias indebidas en el proceso de disposición y enajenación del inmueble, incluyendo una eventual intervención de Laura y Andrés Sarabia en la SAE.
Según el documento, Laura Sarabia habría sido integrante de la junta directiva de la entidad durante buena parte de 2024 y hasta enero de 2025, cuando presentó su renuncia escrita. La veeduría también señala que Laura y Andrés Sarabia tuvieron una sociedad comercial durante parte de los trámites relacionados con la disposición del bien.
Estos señalamientos hacen parte de las solicitudes de investigación presentadas por la organización y deberán ser esclarecidos por las autoridades competentes.
La historia del predio bajo extinción de dominio
El inmueble, identificado con matrícula inmobiliaria 001-588031, fue adquirido en 2009 por la sociedad Ideas & Co. S.A.S., fundada por el empresario antioqueño Diego Arango.
Desde 2012, el terreno se encuentra vinculado a un proceso de extinción de dominio que, según la información de la denuncia, continúa sin sentencia definitiva. La adquisición inicial del lote se habría realizado a una empresa relacionada con Pedro Antonio Bermúdez Suaza, conocido con el alias de ‘El Arquitecto’.
Tras quedar bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales, la entidad recuperó la tenencia del predio en 2021, que hasta entonces era ocupado por Ideas & Co.
En marzo de 2022, la SAE adelantó una subasta para entregar el arrendamiento del inmueble, proceso que fue ganado por CLK Venues S.A.S.
En julio de ese mismo año, la entidad suscribió un contrato de arrendamiento por diez años, con un canon mensual de $80 millones más IVA y una inversión inicialmente prevista de $60.000 millones.
Posteriormente, mediante un otrosí, el plazo contractual se amplió a 30 años y la inversión se incrementó a $85.801 millones, monto que, de acuerdo con las condiciones señaladas en la denuncia, debía revertir al Estado al finalizar el contrato.
Venta a CLK Venues y Ticket Fast (TuBoleta)
Otro de los aspectos señalados por la Red de Veedurías tiene que ver con la autorización para la enajenación temprana del inmueble.
En mayo de 2024, la SAE autorizó la venta de 120 inmuebles, incluido el predio de Sabaneta, bajo la causal de cinco años de administración, sin acudir al comité interministerial previsto en la ley, según lo expuesto en la denuncia.
La adjudicación de la venta se produjo en diciembre de 2024 a favor de CLK Venues y Ticket Fast S.A.S., empresa relacionada con TuBoleta.
Finalmente, la escritura de compraventa fue firmada el 10 de julio de 2025 por $51.510 millones, valor que quedó por debajo del avalúo de $64.249 millones elaborado por la SAE.
La veeduría considera necesario establecer si las condiciones de la negociación garantizaron la protección de los recursos públicos y si la operación representó un beneficio económico para el Estado.
Las licencias urbanísticas también están bajo cuestionamiento
La denuncia incluye cuestionamientos sobre las licencias de urbanización y construcción otorgadas para el desarrollo del predio.
Según el documento, la licencia de urbanización fue expedida en 2023 y la de construcción en 2024 a favor de quien para entonces era el arrendatario del inmueble. En estos trámites se habría identificado a la SAE como titular del dominio.
Además, la Secretaría de Planeación de Sabaneta habría respondido que no verificó la situación jurídica del predio antes de conceder las licencias.
El desarrollo urbanístico también está relacionado con el Plan Parcial Ciudad Crystal, habilitado mediante un decreto firmado en mayo de 2023 por Santiago Montoya Montoya, quien para ese momento se desempeñaba como alcalde de Sabaneta.
La operación del lote, su proceso de extinción de dominio, las condiciones de arrendamiento, las licencias urbanísticas y el precio de venta constituyen ahora los principales puntos de una controversia que podría tener implicaciones fiscales y jurídicas.
La Red de Veedurías de Colombia busca que los organismos de control y la justicia determinen si existieron irregularidades, posibles responsabilidades de funcionarios o particulares y un eventual detrimento patrimonial. Por ahora, los señalamientos corresponden a una denuncia y será competencia de las autoridades establecer si hubo conductas ilegales.