Defensoría del Pueblo alerta por control armado del Clan del Golfo y El Mesa en seis municipios del Oriente antioqueño
La entidad advierte sobre patrullajes armados, reclutamiento de menores, extorsiones y presiones sobre las comunidades rurales de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño.
El control territorial del Clan del Golfo y el grupo delincuencial El Mesa mantiene en alerta a las comunidades rurales del Oriente antioqueño. Una Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo advierte sobre la consolidación de modelos de “gobernanza armada ilegal” en seis municipios de la región, donde la población estaría expuesta a intimidaciones, reclutamiento de menores, extorsiones y restricciones a la vida comunitaria.
El documento, emitido por la entidad bajo la dirección de Iris Marín Ortiz, señala que la situación afecta a habitantes de La Unión, El Carmen de Viboral, Abejorral, Sonsón, Argelia y Nariño. Según la Defensoría, la disputa entre estas estructuras ya no se limita al dominio de corredores estratégicos, sino que también busca imponer reglas de comportamiento, ejercer presión sobre los habitantes y controlar dinámicas sociales y comunitarias.
Patrullajes armados y vigilancia sobre las comunidades
De acuerdo con el informe, el Frente Géner Morales del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, mantiene presencia en corredores que conectan a Antioquia con Caldas y el Magdalena Medio. Entre las prácticas identificadas se encuentran los patrullajes armados, la instalación de campamentos y la instrucción militar en zonas rurales, incluida la vereda Guadualito, en Argelia.
La Defensoría también advierte sobre el funcionamiento de redes de informantes civiles, conocidos como “puntos”, que vigilarían los movimientos de habitantes, funcionarios y visitantes. Estas redes, según el documento, permitirían a la estructura armada intervenir en conflictos locales e imponer mecanismos de justicia por fuera de las instituciones.
La influencia de estos grupos también alcanzaría espacios de participación ciudadana. El informe señala que, durante las elecciones de las Juntas de Acción Comunal (JAC) realizadas en abril, integrantes del EGC habrían emitido directrices y visitado escenarios comunitarios para incidir en las votaciones.
Por su parte, El Mesa operaría mediante estructuras aliadas de bajo perfil que se mezclan entre la población para administrar plazas de venta de drogas y cobrar extorsiones, según la investigación citada en la alerta.
Reclutamiento de menores, una de las principales preocupaciones
Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos es el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales.
Óscar Zapata, coordinador de la Fundación Sumapaz, advirtió que la alerta identifica riesgos relacionados con las disputas entre estructuras delincuenciales, las afectaciones a la vida campesina y el abandono de las comunidades rurales.
El defensor señaló que municipios como Abejorral, Argelia, Sonsón, La Unión y El Carmen de Viboral enfrentan situaciones de violencia que, según indicó, han sido denunciadas por habitantes y organizaciones sociales sin recibir una respuesta suficiente de las autoridades.
Zapata también relacionó el reclutamiento de menores con las dificultades socioeconómicas que atraviesan algunas familias y con imaginarios que, de acuerdo con su análisis, pueden favorecer la vinculación de jóvenes a estas estructuras.
Un llamado a las autoridades para proteger a la población
El panorama descrito por la Defensoría representa un desafío para una región que ha atravesado diferentes periodos de violencia asociados a la presencia de grupos guerrilleros y paramilitares durante la década de los noventa y parte de los años 2000.
La alerta busca que las autoridades adopten medidas para prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar los derechos de las comunidades en los seis municipios señalados.
Entre los riesgos identificados están la pérdida de autonomía de las organizaciones comunitarias, las presiones sobre la población campesina, las extorsiones y la exposición de menores de edad a las dinámicas de los grupos armados.
La advertencia pone nuevamente en el centro del debate la seguridad rural en el Oriente antioqueño y la necesidad de fortalecer la presencia institucional para evitar que las estructuras ilegales continúen ampliando su influencia sobre la vida cotidiana de sus habitantes.