Abelardo De La Espriella cumple 100 días de Gobierno entre promesas pendientes, crisis de seguridad y dificultades fiscales
El presidente Abelardo De La Espriella llega a sus primeros 100 días de mandato con avances en materia de seguridad y sometimiento de estructuras criminales, pero también con desafíos en salud, economía y recuperación del control territorial. Varias de las promesas que planteó durante la campaña, inicialmente proyectadas para los primeros 90 días, siguen sin concretarse.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella cumple 100 días de mandato en medio de un panorama complejo, marcado por dificultades heredadas de la administración anterior, una profunda crisis del sistema de salud, el recrudecimiento de la violencia y una delicada situación fiscal.
Durante la campaña presidencial, el mandatario había anunciado una serie de compromisos que prometía ejecutar en sus primeros 90 días de Gobierno. Sin embargo, el escenario encontrado al llegar a la Casa de Nariño, sumado al terremoto del 10 de agosto, que dejó más de 300 muertos, miles de heridos y cuantiosos daños materiales, ha obligado al Ejecutivo a replantear sus prioridades.
La distancia entre las promesas de campaña y la realidad de gobernar se ha hecho evidente. Aunque el Gobierno destaca operativos y decisiones legislativas, varias de las metas más ambiciosas continúan pendientes.
Salud: una crisis que no logra estabilizarse
Uno de los principales compromisos de De La Espriella fue estabilizar el sistema de salud, garantizar la entrega de medicamentos y atender las deudas acumuladas con las Entidades Promotoras de Salud (EPS), los médicos y las instituciones hospitalarias.
El presidente había asegurado durante la campaña: “Yo con 10 billones de pesos en 90 días estabilizo el sistema y no dejo que nadie se quede sin medicamentos y sin tratamientos. Y, además, puedo pagarles a las EPS que lo están haciendo bien y a los médicos y al personal clínico y hospitalario”.
No obstante, a 100 días de su administración, la crisis continúa sin una solución estructural. Las cuentas pendientes, la falta de claridad sobre las obligaciones financieras y los retrasos en la atención siguen afectando a los usuarios.
La deuda con las EPS, que según las cifras expuestas durante el debate ascendía a cerca de $40 billones, tampoco ha sido resuelta. Aunque el Ejecutivo puso en marcha un Plan de Choque, los recursos disponibles, que hasta el momento incluyen $500.000 millones en créditos, parecen insuficientes frente a la magnitud de las obligaciones.
En materia de medicamentos, el Gobierno ha adoptado medidas similares a las de su antecesor, entre ellas medidas cautelares contra EPS como Sanitas y Colsubsidio por demoras en las entregas.
A esto se suman las quejas por retrasos en citas médicas, tratamientos y el desbordamiento de los servicios de urgencias. Un panorama que evidencia que la promesa de estabilizar el sistema en 90 días está lejos de cumplirse.
Seguridad: operativos, capturas y una escalada de violencia
La seguridad fue otra de las principales banderas de campaña del presidente. De La Espriella prometió capturar o neutralizar a diez cabecillas importantes del narcoterrorismo, las bandas extorsivas y las estructuras criminales dedicadas al gota a gota.
En estos primeros 100 días, el Gobierno ha impulsado operativos de la Fuerza Pública, capturas durante procedimientos de madrugada y extradiciones. Entre los resultados reportados se encuentran las muertes de varios cabecillas de organizaciones armadas ilegales.
El 9 de agosto de 2026 fue abatido Hernando Forero Mosquera, alias ‘El Ruso’, señalado como principal cabecilla de la Estructura 28 de las disidencias de las FARC.
Posteriormente, el 4 de septiembre, murió Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, mientras que el 21 de septiembre fue abatido José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’.
La muerte de este último provocó un paro armado de 72 horas por parte de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, durante el cual se registraron ataques contra establecimientos comerciales, vehículos y bloqueos de vías.
En el ámbito de Barranquilla, también se destaca la captura de Joel José Llanes Vásquez, alias ‘Joel Piraña’, y Eduardo Correa Barros, alias ‘Rulay’, señalados de ser presuntos altos mandos de ‘La Nueva Generación del Freseo’. Ambos fueron capturados durante un operativo en Cali.
Sin embargo, los resultados de la ofensiva estatal han estado acompañados de una respuesta violenta de las organizaciones criminales, con atentados contra la Fuerza Pública y la infraestructura nacional, incluidos peajes.
La promesa presidencial de recuperar el control total del territorio en 90 días sigue siendo uno de los mayores desafíos del Ejecutivo. La persistencia de grupos armados y sus acciones violentas demuestran que la recuperación de la seguridad nacional requerirá más tiempo.
El fin de la ‘Paz Total’ y la Ley de Sometimiento
En materia de política de seguridad, el Gobierno también cumplió uno de sus compromisos iniciales: desmontar la estrategia de ‘Paz Total’ de la administración anterior.
De La Espriella suspendió los diálogos con los grupos armados ilegales y presentó una nueva apuesta jurídica para facilitar el sometimiento de estructuras criminales.
El pasado 4 de noviembre, las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la Ley de Sometimiento, una iniciativa que busca establecer mecanismos para que integrantes de organizaciones armadas ilegales abandonen la criminalidad, respondan ante la justicia y contribuyan al desmantelamiento de sus estructuras.
La propuesta establece condiciones legales para acceder a beneficios, los cuales no son negociados directamente con los grupos criminales y requieren decisiones judiciales.
Además, mantiene vigentes las órdenes de captura, la acción penal y las facultades de la Fuerza Pública. También contempla que quienes se sometan a la justicia no quedan exentos de eventuales procesos de extradición.
Entre las condiciones para acogerse a la ley se encuentran la entrega de armas, el cese de actividades ilícitas, la liberación de secuestrados, la información sobre personas desaparecidas y la colaboración para desmantelar las organizaciones.
Los bienes deberán ser entregados al Estado, y los recursos obtenidos tendrán como prioridad la reparación de las víctimas.
La aprobación de esta iniciativa representa uno de los movimientos legislativos más relevantes de los primeros 100 días del Gobierno, aunque su impacto dependerá de la implementación y de la respuesta de las estructuras criminales.
Economía: el reto de evitar una crisis fiscal
En el frente económico, el presidente también había planteado objetivos ambiciosos: reducir el déficit fiscal al -4,8 % del PIB en los primeros 360 días y alcanzar un crecimiento económico del 7 %.
Sin embargo, el propio Gobierno ha reconocido en distintas oportunidades que estas metas serán difíciles de alcanzar, dadas las condiciones fiscales del país.
Como parte de su estrategia, el Ejecutivo presentó la denominada Ley de Rescate Fiscal, un proyecto que contempla recortes al gasto estatal, en línea con las promesas de campaña, pero también incrementos tributarios.
Entre las medidas que han generado mayor controversia se encuentra la ampliación del IVA del 19 % a varios productos de la canasta familiar, así como modificaciones en el tratamiento de determinadas rentas.
La propuesta ha provocado rechazo en distintos sectores políticos y sociales. Varios congresistas anunciaron que no respaldarán los componentes tributarios del proyecto, lo que podría dificultar su trámite legislativo.
El vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió que, de no iniciarse un ajuste presupuestario inmediato, Colombia podría entrar en una crisis fiscal durante el primer trimestre de 2027.
Durante su intervención en la Asamblea General del Centro de Pensamiento Económico Anif, Restrepo insistió en la necesidad de adoptar medidas urgentes para corregir los desequilibrios de las finanzas públicas.
“Entraría en una crisis fiscal en el primer trimestre de 2027”, señaló, al tiempo que calificó como indispensable un ajuste fiscal. También sostuvo que “aquí no se admiten pañitos de agua tibia”.
Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, describió la situación de las finanzas públicas como “supremamente grave y delicada” y defendió la necesidad de realizar un ajuste ordenado, antes de que las condiciones del mercado obliguen a tomar decisiones más drásticas.
La Ley de Rescate Fiscal se convierte así en una de las apuestas económicas más importantes del Gobierno, pero también en una de las más controvertidas.